Para Salvar los Bosques Tropicales, Es Necesario Brindar Atención Médica, Educación y Servicios a Quienes los Protegen

Mientras los líderes mundiales se reunían en Glasgow para anunciar una nueva promesa de $ 20 mil millones para proteger los bosques tropicales como una pieza central de la política internacional de mitigación del cambio climático en noviembre de 2021, me encontraba visitando las comunidades indígenas Machiguenga, en el distrito de Echarate, en la Amazonía peruana. Dado que la deforestación de bosques tropicales produce más emisiones que casi cualquier país, detenerla debería ser una de las principales prioridades de la política climática global. La buena noticia es que tenemos pruebas sólidas sobre qué instrumentos de política son eficaces para mantener los bosques en pie. Asimismo, existe un creciente consenso mundial de que otorgar títulos a las comunidades indígenas y otras comunidades que habitan en los bosques y, al mismo tiempo, brindarles los recursos para continuar protegiendo sus bosques y disfrutar de una alta calidad de vida es una de las mejores acciones que la comunidad internacional puede realizar por las selvas tropicales.

Cuando hablé con los agricultores locales Machiguenga, dedicados al cultivo de cacao y otras actividades de subsistencia, me informaron abrumadoramente que estaban contentos de continuar cultivando pequeñas parcelas, de una o dos hectáreas, cambiando parcelas entre cultivos de barbecho y regeneración de la forma en que lo han hecho sus antepasados durante generaciones. Mientras sus necesidades básicas estuvieran cubiertas (atención médica, educación, infraestructura, electricidad, fondos para emergencias y, cada vez más, acceso a Internet), no sentían una gran necesidad de deforestar. Pero aquí hay un problema evidente: en este momento, una parte de los fondos para satisfacer estas necesidades básicas está cubierta por la industria de los combustibles fósiles.

En el año 2000, sobre sostenidas objeciones de la población local, el gobierno peruano llegó a un acuerdo con el consorcio Camisea Gas, un grupo de media docena de empresas con intereses en la extracción, transporte y exportación de combustibles fósiles, para explotar 11 billones de pies cúbicos de gas debajo del bosque tropical, con su asombrosa biodiversidad y grandes stocks de carbono, que los Machiguenga han protegido por generaciones. Durante los últimos 15 años, el distrito municipal de Echarate, Perú, donde residen los Machiguenga, ha recibido fondos de 3.400 millones de soles, o alrededor de $ 845 millones de dólares estadounidenses. En 2021, este distrito de sólo 40.000 habitantes aseguró una recaudación de 131 millones de soles (alrededor de $ 32 millones de dólares). Este fondo “canon”, que el Estado peruano negoció como parte de un paquete que incluyó apoyo para varios proyectos de desarrollo nacional y un suministro doméstico estable de gas, le da a Echarate un presupuesto titánico en comparación con distritos similares.

Aparte de estos pagos oficiales al gobierno, las empresas también han cerrado acuerdos de forma independiente con las comunidades a cambio de permitir oleoductos y actividades extractivas en sus tierras. Estos acuerdos han sido muy explotadores. En esa línea, el líder actual de una comunidad me dijo que a fines de la década de 2000, una de las empresas transportistas de gas de Camisea ofreció un pago bien bajo en efectivo para ganar el derecho de construir un gasoducto a través de sus tierras. La comunidad aceptó este acuerdo como pagos individuales, sin embargo, el dinero desapareció en unos pocos años, sin ningún beneficio duradero. En otros casos, las empresas han proporcionado financiamiento a corto plazo para piscigranjas, pero sin apoyo a largo plazo ni asistencia técnica para mantener poblaciones saludables y garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos.

Imagen: Materiales de la tubería de gas natural en un campamento de la empresa cerca de Kiteni, Echarate, Región de Cusco, Perú (GPS: -12.4752 S | -73.0064 W) Foto cortesía del autor.

A pesar de estas condiciones desfavorables, las comunidades han logrado canalizar algunos de estos fondos hacia proyectos locales de salud, educación e infraestructura que el gobierno no pudo o no quiso ayudarles a implementar. Pero estas concesiones de la industria de los combustibles fósiles fueron ganadas gracias a la capacidad de negociación, tenacidad y, en cierto modo, rebeldía. No es extraño entonces, que los Machiguenga hayan utilizado tácticas militantes para lograr esas concesiones. Sin embargo, en comparación con el tremendo daño que la industria de los combustibles fósiles hace a las personas y al planeta, estos pagos equivalen a migajas. Al final de cuentas, la extracción de petróleo y gas es peligrosa para los trabajadores, sumamente tóxica para las comunidades humanas y no humanas, y fundamentalmente incompatible con un futuro habitable.

Por el contrario, la cercana selva central de Perú, que tiene una ecología similar pero donde los fondos municipales para los servicios básicos son mucho más limitados, es uno de los focos centrales de deforestación en el país. El distrito de Puerto Bermúdez, por ejemplo, está experimentando tasas de deforestación mucho más altas a pesar de que tiene una población similar a Echarate y una ecología similar. La principal diferencia es que contaba con menos de una décima parte del presupuesto municipal de Echarate en 2021.

Precisamente por eso, el Acuerdo de Glasgow sobre bosques tropicales —un compromiso de apenas 20.000 millones de dólares—y la posterior celebración mediática fue tan frustrante de contemplar. Esta cantidad podría cubrir algunos servicios clave para los pueblos indígenas en algunos distritos de bosques tropicales. Pero hay miles de distritos forestales como Echarate en el mundo, y proteger los bosques del mundo significa garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas que los administran.

Joel Pereyra Cavero, vicepresidente de la comunidad Chakopishiato en el Alto Urubamba, se dirige a una audiencia. Foto cortesía del autor.

Los proponentes optimistas de los acuerdos de Glasgow podrían contrarrestar que el compromiso de $ 20 mil millones de dólares nunca fue pensado como una declaración directa de valor para los bosques del mundo, ni como un techo sobre cuánto debería gastar para apoyar a las comunidades. Más bien, podrían afirmar que está destinado a ser una especie de financiación semilla para respaldar nuevos marcos de políticas globales, incluidas las últimas adiciones a la sopa de letras cada vez mayor de acrónimos de conservación global, ART-TREES y LEAF,para canalizar muchos más fondos hacia conservación de los bosques a través de los mercados de carbono. Si bien esto es cierto en un sentido estricto, se siente como un episodio de deja vu particularmente frustrante para aquellos de nosotros que hemos seguido la política climática forestal durante algún tiempo. Se han hecho compromisos similares una y otra vez con resultados mínimos.

Durante los últimos 15 años, miles de millones se gastaron en proyectos piloto y actividades internacionales en las Naciones Unidas y el Banco Mundial para desarrollar REDD+, un enfoque basado en el mercado para la conservación de los bosques tropicales que en gran medida no ha logrado generar cambios serios. Estos programas nunca tuvieron como objetivo ayudar a los gobiernos a proporcionar servicios universales de salud, educación e infraestructura vital en las zonas rurales, lo que reduciría drásticamente la necesidad de los habitantes de los bosques de buscar ingresos mediante la deforestación. Los países ricos también han comprometido unilateralmente miles de millones de dólares para apoyar la conservación a través de enfoques basados en el mercado con poco que mostrar. Mientras tanto, el Norte global se apropia efectivamente más de 10 mil millones de toneladas de materias primas, 379 mil millones de horas de trabajo humano, 22,7 exajulios de energía y 800 millones de hectáreas de tierra del Sur global, con devastadoras consecuencias medioambientales.

El hecho es que en la Amazonía, en la cuenca del Congo en África, en el sudeste asiático, y otros bosques tropicales, los pequeños agricultores deforestan porque necesitan dinero para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que las grandes empresas a menudo tienen acceso sin restricciones a tierras 'no reclamadas' para producir mercancías como la soya, el ganado, el cacao y la palma aceitera para los mercados mundiales.

En el Alto Urubamba, donde estaba colaborando con la organización indígena ECA Maeni, que co-administra la Reserva Comunal Machiguenga con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú, hablamos con varios miembros de la comunidad sobre cómo la conservación los había beneficiado. En particular, teníamos curiosidad sobre cómo el Programa Nacional de Conservación de Bosques de Perú, que ofrece a las comunidades 10 PEN (aproximadamente $ 2.5 USD) por cada hectárea de bosque que se comprometen a conservar durante un período de cinco años, estaba afectando la vida de las personas. En una discusión de grupo focal con productores de cacao, un residente nos dijo que apoyaban mucho la conservación y la protección de su bosque, pero que “la cantidad de dinero que recibimos de la conservación es muy pequeña y, además, el gobierno nos exige que hagamos un montón de trámites y papeleo para recibir esta pequeña cantidad de dinero.” Comparado con lo que pueden hacer con la siembra de cacao, el dinero para la conservación no le parece que valga la pena.

Al mismo tiempo, estos agricultores tenían claro que no tenían interés en expandir sus parcelas hacia el bosque siempre que pudieran contar con apoyo para satisfacer sus necesidades básicas, incluida la atención médica, los costos de educación para sus hijos y la infraestructura.

Susanna Binari Piñarreal describe su jardín de plantas medicinales en la comunidad de Koribeni en el Alto Urubamba cerca de los gasoductos. Foto cortesía del autor.

Mientras estaba sentado afuera de la casa del jefe de la comunidad indígena Machiguenga de Poyentimari a lo largo del río Urubamba en Perú en noviembre, me hizo un comentario sorprendente: “La acción más beneficiosa que nuestras comunidades han tomado por parte de las comunidades aquí fue cerrar las válvulas al gasoducto de Camisea hace doce años.”

Tenía razón. Los programas de conservación y los esquemas de desarrollo rural convencionales han continuado brindando fondos limitados e inconsistentes a las comunidades. Mientras tanto, las comunidades no han tenido prácticamente ningún medio confiable para afirmarse políticamente o para exigir más fondos y mejores servicios. Por el contrario, el Estado peruano exigió a la industria del gas natural que financiará al menos algunos servicios a través del fondo canon, y la industria no tuvo más remedio que negociar con las comunidades después de que los pobladores indígenas cerraron por la fuerza un gasoducto en 2009.

Si los que viven en el norte global toman en serio el enfrentamiento a la deforestación de bosques tropicales, deberían exigir que sus gobiernos gasten recursos sin precedentes para satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas que habitan en los bosques. Deberían estar hablando de decenas de billones de dólares,no de $20 mil millones, en un esfuerzo internacional para reparar el daño histórico que la colonización ha causado, y al mismo tiempo asegurar el bienestar de las personas que protegen los bosques. Deberían ofrecer un trato mucho mejor que el de la industria de los combustibles fósiles.

Siempre que los líderes climáticos internacionales celebren soluciones falsas basados en los mecanismos de mercados con compromisos bien bajos de unos pocos miles de millones de dólares, podemos esperar que las tasas de deforestación tropical sigan aumentando catastróficamente. Los que vivimos en el norte global debemos ver las promesas de Glasgow claramente por lo que son: gestos débiles que las empresas de combustibles fósiles y otras que buscan sacar provecho de la deforestación, pueden superar fácilmente. Al igual que otras comunidades indígenas, los Machiguenga con los que hablé tenían claro que no quieren ver sus bosques destruidos, ni quieren dejar sus formas de vida tradicionales al lado. El norte global debe hacer que el rechazo de los combustibles fósiles sea viable para las comunidades. Los Machiguenga, como tantos otros grupos indígenas, están brindando un servicio vital para el mundo: proteger los bosques que son esenciales para mantener un planeta habitable. Estos mismos grupos sufrieron esclavitud, mutilación y dislocación social bajo el regimen brutal de los barones del caucho y otros procesos extractivistas genocidas y ecocidas, y ahora enfrentan una existencia precaria bajo el capitalismo global moderno. Todos merecen atención médica, educación, soberanía alimentaria e infraestructura básica. La reparación de los daños históricos y la construcción de un futuro justo climático requiere la entrega de estos bienes básicos a los pueblos indígenas amazónicos con urgencia. Debemos exigirles a los gobiernos del norte global que se comprometan mucho más, y con rapidez.

Ashwin Ravikumar es un profesor asistente de estudios ambientales en Amherst College. El autor agradece a Alonso Pérez Ojeda del Arco por su apoyo con la traducción.

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